Me hago eco de una medida tomada, a mi juicio de manera muy acertada, por la nueva gerencia de la Universidad de Granada relativa al pago del canon digital en los soportes y equipamientos digitales que adquiera la institución. La misma se incluye dentro de las medidas de austeridad de la UGR, al tiempo que pretende restablecer una situación anómala en tanto que, como se indica desde la Universidad, “la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de 21 de octubre de 2010, concluye que la aplicación del canon digital, por usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29”. La conclusión que se saca de este fallo es que “la Universidad de Granada no está obligada a soportar canon digital alguno en sus facturas de compra”.

De este modo, se ha solicitado “a los responsables de centros de gasto y al personal administrativo encargado de la tramitación de justificantes de gasto, que presten especial atención a que los proveedores de bienes y servicios no carguen importe alguno por el canon digital, rechazando las facturas que incluyan el mismo”. En caso de duda se solicitará por escrito al proveedor información al respecto.

Al margen de evitar pagar el canon en el futuro, la Gerencia de la Universidad indica que esto se hará “sin perjuicio de otras medidas que en Gerencia estamos adoptando para recuperar las cuantías satisfechas indebidamente durante los últimos años”.

Partiendo del apoyo total a la medida me pregunto cómo de operativa será la gestión de este no-pago del canón y, especialmente, en qué medida se puede recuperar un canón pagado en ejercicios anteriores con las consiguientes rectificaciones en facturas y efectos fiscales que implicaría.

A título ilustrativo, en la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, pueden verse los importes individuales del canon digital. Algunos ejemplos son:

  • Equipos multifuncionales de inyección de tinta: 7,95 € por unidad
  • Equipos multifuncionales láser: 10 € por unidad
  • Escáneres: 9 € por unidad
  • Equipos de digitalización de documentos: 9 € por unidad
  • Equipos con capacidad de copia: desde 13 € a 169 € por unidad, según características
  • Equipos de reproducción de videogramas y libros (grabadoras): desde 0,60 € hasta 3,40 € por unidad, según el caso
  • Discos compactos: desde 0,17 € hasta 0,60 € por unidad, según características
  • Memorias USB: 0,30 € por unidad

3 Comentarios

  • Juanjo31 marzo 2011 a las 06:22

    De todos modos la UGR sigue aprovechándose para su actividad del trabajo de otros. Hay temarios de asignaturas donde se reproduce impunemente material protegido por derechos de autor sin que sus autores o editores vean un duro, y basta ir por las fotocopiadoras para comprobar cómo la comunidad universitaria se aprovecha por la cara del trabajo de otros. Según está montado esto, el profesor cobra, la copistería también ,el alumno recibe material docente y la UGR imparte la asignatura. ¿Y con el autor del trabajo y el editor qué pasa?

  • Esteban1 abril 2011 a las 19:58

    Totalmente de acuerdo. El tema de los derechos de autor es complejo, especialmente cuando nos encontramos en Internet. El caso que comentas es en “papel”, pero se debería ser cuidadoso con ello.

    Yo en mis clases intento reflexionar sobre estas cuestiones. Al margen, en los distintos proyectos online que llevo, como descuadrando.com, promuevo la generación de recursos con Creative Commons (como los de este blog). Por supuesto esta preocupación nos exige ser estrictos a la hora de no tomar recursos con copyright.

  • Fran4 abril 2011 a las 10:21

    Juanjo, pues lo siento pero no es cierto. Las universidades tienen una función docente e investigadora, dan un servicio público y no son lucrativas. No confunda universidad con las copisterías que crecen a su alrededor y sí hacen copias de material protegido. Los profesores no cobran por las fotocopias hechas y está prohibido hacer fotocopias de libros protegidos por ley. Otra cosa es que, quien se sepa la ley, sabe que permite la copia con objetivo docente oficial o cuando el libro está descatalogado.
    Incluso cuando el profesor use material protegido, si es con un objetivo meramente docente y no lucrativo, está permitido por la ley. Léasela. O mejor, estudiésela.

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